La ley tiene por objeto crear el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, así como regular su estructura, organización y sus atribuciones.

Es es una institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia, encargado de brindar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a víctimas de escasos recursos.

Son víctimas las personas naturales directamente ofendidas por la comisión de un delito; la o el cónyuge o conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hija o hijo, madre o padre adoptivo y heredero, en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la víctima; y, familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima, por delitos de grave afectación física o psicológica.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima presta sus servicios en favor de las personas de escasos recursos, para cuyo fin están exentos de pago de valores ante el Ministerio Público, la Policía Boliviana y Órgano Judicial, autoridades administrativas y otros gastos arancelarios; sin embargo, si se constata que una persona otorgó una información falsa para acceder a este servicio, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, podrá reclamar hasta la reocupación de los gastos de acuerdo a los aranceles establecidos.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, debe mantener la confidencialidad de la información que recepcione sobre el hecho penal, tanto de la víctima, de terceros, de instituciones públicas o privadas, así como del patrocinio legal y de la asistencia psicológica y social respectiva; sin embargo, esta reserva podrá ser levantada por orden judicial y por interés público.

Los requisitos son: Estar en situación de víctima; no contar con patrocinante particular; y, que la víctima no cuente con los recursos económicos necesarios para canalizar el proceso penal a través de patrocinante particular.

El servicio cesa cuando se encuentre falsedad en la información proporcionada por la víctima; cuando la víctima desista de la acción de conformidad a lo establecido en la normativa penal; cuando la víctima tenga patrocinante particular o contrate los servicios profesionales particulares; y, cuando incumpla sus obligaciones establecidas en la ley.

Se organiza de la siguiente manera: Dirección General Ejecutiva; coordinaciones departamentales; y, personal operativo administrativo.

El Servicio proporciona prioritariamente sus servicios en favor de quien haya sufrido daños graves físicos, psicológicos y/o sexuales, para cuyo fin se elaboraran los informes psicosociales que corresponda.

Las tareas principales son: orientar a la víctima sobre la importancia de la preservación de pruebas; apoyar para la formalización de denuncia; establecer vínculos institucionales con los servicios de la red pública de hospitales estatales, para proporcionar asistencia médica inmediata a las víctimas de delitos de violencia sexual, suministrando anticoncepción oral de emergencia y el tratamiento profiláctico para prevenir infecciones de transmisión sexual, de forma inmediata y oportuna; establecer vínculos institucionales con los servicios de la red pública de hospitales estatales, para proporcionar servicios de asistencia psicológica especializada a las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, víctimas de delitos contra la integridad sexual, velando por su intangibilidad o seguridad sexual; y, brindar asistencia interdisciplinaria adecuada, sensibilizada y oportuna que facilite el acceso a la justicia de las víctimas mujeres.

Su fuente de financiamiento provine de los recursos del Tesoro General de la Nación; sin embargo, también se podrá gestionar fuentes de financiamiento o cooperación externos, en la medida que permita cumplir los objetivos del Servicio.

.