Establecer la política general y régimen jurídico de la Gestión Integral de Residuos, priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura en el marco de los derechos de la Madre Tierra, el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

Es el sistema conformado por procesos de planificación, desarrollo normativo, organización, sostenibilidad financiera, gestión operativa, ambiental, educación y desarrollo comunitario para la prevención, reducción, aprovechamiento y disposición final de residuos en un marco de protección a la salud y al medio ambiente.

Se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que generen residuos o realicen actividades relacionadas con la gestión de residuos, cualquiera sea su procedencia y características.

Entre las Políticas de Estado en la Gestión de Residuos, está la planificación y coordinación interinstitucional e intersectorial, prevención de generación y aprovechamiento de residuos, gestión integral y diferenciada de residuos peligrosos, cierre de botaderos, educación, concientización e investigación.

Es el sistema creado para administrar la información nacional y territorial del sector, que debe integrarse al Sistema Nacional de Información Ambiental y que debe contener información permanente y actualizada sobre residuos generados y valorizados debiendo las entidades territoriales autónomas, los operadores de servicios de gestión de residuos y generadores de actividades productivas, suministrarán oportunamente la información

La separación, almacenamiento, recolección transporte, transferencia, tratamiento y disposición final; en todas estas etapas se deben implementar medidas preventivas y de control para minimizar los impactos ambientales, asegurando la preservación de la salud y evitando riesgos laborales.

Las áreas para instalaciones de tratamiento o disposición de residuos deben cumplir con la planificación de ordenamiento territorial y uso de suelos, tomando en cuenta prioritariamente el beneficio de la colectividad sobre el interés particular; la construcción de infraestructura y tratamiento de residuos son sitios considerados de necesidad y utilidad pública por lo que es aplicable el régimen de expropiaciones para este efecto.

Se trata de un régimen especial de gestión integral de residuos, por el que los productores y distribuidores, son responsables de la gestión integral de sus productos, incluso después de su consumo en el momento en que estos se conviertan en residuos, por lo que están obligados a desarrollar mecanismos de depósito, devolución y retorno, desarrollo de campañas de comunicación y concientización, establecimiento de convenios con gobiernos autónomos municipales para la recolección de botellas PET, bolsas, llantas, pilas y otros.

Según los ámbitos de regulación de la ley se asignan distintas responsabilidades al nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

Entre las responsabilidades que se le asignan al nivel central, está la de regular la implementación de la Gestión Integral de Residuos, Desarrollar e implementar la planificación de la Gestión Integral de Residuos y elaborar normativa técnica para la Gestión Integral de Residuos Industriales, Especiales y Peligrosos, en coordinación de las Entidades Territoriales Autónomas y el sector productivo, prestar asistencia técnica, promover y desarrollar programas de educación, comunicación y ciencia ejecutar el régimen y la política nacional relativa a la Gestión Integral de Residuos, emitir las autorizaciones correspondientes para el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento o disposición final de residuos, además de emitir las autorizaciones y los registros correspondientes de los operadores autorizados que realicen servicios en gestión operativa de residuos municipales dentro su jurisdicción, pudiendo imponer las sanciones cuando corresponda.

Todos los niveles de gobierno en ejercicio de sus atribuciones, tienen facultades de inspección y vigilancia sobre actividades productivas e instalaciones para la gestión operativa de residuos; las actuaciones de inspección y vigilancia se constituyen en prueba pre constituida para el inicio de procesos administrativos.

Las infracciones a la gestión integral de residuos pueden ser leves, graves y gravísimas; las mismas que se encuentran descritas de manera enunciativa pero no limitativa, por lo que los distintos niveles de gobierno, podrán ampliar las mismas en el marco de sus competencias.

Las infracciones determinas en la Ley, pueden ser sancionadas dependiendo de la calidad de la persona natural o jurídica, con multas económicas que toman como parámetro el valor del salario mínimo nacional; multas que se deben aplicar de manera proporcional considerando el grado de responsabilidad de los infractores; sin embargo el pago de las multas no es eximente de responsabilidad por acciones que puedan atentar contra la normativa ambiental.